viernes, 28 de septiembre de 2012

EL BLOG DESEADO

El adelanto de las elecciones catalanas ha cogido a contrapié al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ve cómo el objetivo de déficit del 1,5% del PIB fijado para Cataluña (y para el resto de comunidades autónomas) se puede convertir en un objetivo inalcanzable. Goldman Sachs: "España debe dejar de satisfacer los intereses políticos domésticos".

La convocatoria electoral anunciada por Artur Mas el martes y la consecuente campaña electoral paraliza la gran mayoría de los compromisos presupuestarios que debería aplicar la Generalitat para alcanzar el objetivo de déficit en 2012 y los nuevos recortes que tendría que afrontar para aprobar los presupuestos de 2013.

Aunque Mas y su ejecutivo continuarán en funciones, el inicio de la campaña electoral el 25 de octubre impedirá al Gobierno de CiU tomar cualquier decisión impopular para recortar el gasto. De igual manera, con el Parlament disuelto, la Generalitat prorrogará los presupuestos catalanes de 2012 para el 2013. Como las cuentas del año que viene deben ser inferiores a las del actual, será el gobierno que surja de las urnas quien deberá presentar las nuevas cifras en la primavera de 2013, lo que impedirá hacer parte de los ahorros que son necesarios para cuadrar las cifras de déficit que exige Hacienda.

¿Intervenir o no?

Ante esta nueva coyuntura, a Montoro se le plantea la disyuntiva de intervenir o no las cuentas de la Administración catalana. Según las estimaciones del Gobierno, en el segundo semestre del año la Generalitat debe realizar ajustes adicionales por valor de 800 millones de euros, lo que le permitiría cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%. Ya antes de la convocatoria electoral, el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, advirtió que el cumplimiento del déficit sería complicado.

De hecho, Mas-Colell reclamó a Montoro que parte de la flexibilización del déficit que la Unión Europea otorgó a España para 2012 se traspasara a las autonomías, algo a lo que el ministro se negó.

Para intervenir las cuentas de la Generalitat, Montoro podría acogerse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobó en abril en el Congreso precisamente con el apoyo parlamentario de CiU. Sin embargo, el envío de los hombres de negro en plena campaña electoral sería contraproducente para los intereses electorales del PP y muy favorable para los de CiU, que utilizaría la intervención como ejemplo de la intromisión del Estado en la autonomía catalana.

En las filas del PP catalán prefieren que la intervención no se produzca para evitar que los ánimos independentistas se exalten aún más de lo que están y prefieren que Hacienda ejerza el control de las finanzas de la Generalitat a través de las condiciones impuestas para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del que la Generalitat ha solicitado 5.023 millones para pagar proveedores, conciertos económicos con escuelas y hospitales y hacer frente al vencimiento de los denominados bonos patrióticos, cuyo vencimiento coincide con la celebración de las elecciones autonómicas.

471 millones para Cataluña

Precisamente ayer, Montoro participó en el pleno del Senado para defender los cambios introducidos por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder articular el FLA. Estas modificaciones recibieron el veto de los senadores de CiU, a los que el ministro reprochó la presentación de enmiendas y aseguró que no se puede entender que una formación que gobierna en Cataluña vaya en contra de una norma que le va a permitir financiar sus servicios.

"Lo que estamos haciendo juntos es garantizar la prestación de los servicios públicos. Tenemos que dejar ya las poses políticas y ser más prácticos", añadió antes de criticar al Gobierno de la Generalitat por acordar en la misma reunión la solicitud del FLA y el adelanto de las elecciones para sacar adelante un proyecto soberanista.

Pese a todas estas críticas, el ministro de Hacienda adelantó que el FLA permitirá que Cataluña haga frente en los "próximos días" a vencimientos de deuda por valor de 471 millones de euros, que de otro modo no podría pagar. También aprovechó para dar un nuevo toque de atención a las autonomías señalando que "no cabe el desequilibrio financiero".

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